A menos de un mes de haberse implementado un precio fijo de $16 para todas las garrafas de 10 kilo ya hay negocios que cobran por ella hasta un 55% más, a $25.
Así lo denunciaron distintas asociaciones de consumidores que aseguraron que en distintos puntos del país los usuarios suelen pagar un mínimo de $20 por el envase con gas licuado.
Según aclara Pedro Busseti, de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (ADEUCO), "en las distribuidoras sí se encuentran a precio oficial". Citado por el diario Clarín, Busseti sin embargo señala que "a la gente se le dificulta mucho llegar a esos lugares y donde generalmente compra es en almacenes o kioscos".
El representante de ADEUCO explica que en los comercios habituales "el comerciante la compra (la garrafa) a $15, por eso no puede venderla a 16". En promedio, según un relevamiento que hizo la entidad en barrios de Barracas, Parque Patricios y Pompeya, la garrafa cuesta entre $20 y $25 pesos. "Nunca a 16", afirmó.
Por su parte, el Centro de Educación al Consumidor (CEC) realizó su propio relevamiento el cual reveló que en localidades de Salta, Santiago del Estero y bonaerenses como Mar de Ajo, Santa Teresita, González Catán, San Miguel, Ituzaingó, Moreno, y Berazategui, entre otras también "se encontró que la garrafa se comercializa a un valor de $ 20 y no 16 como dice la resolución vigente", señaló al matutino Susana Andrada, de esa asociación.
La falta de controles, una vez más, tiende a perjudicar al que menos tiene. En la Argentina alrededor de 4 millones de familias utilizan el gas envasado para cocinar hasta asearse. Son familias carenciadas o que no tienen acceso al gas de red porque por allí no pasa el caño maestro.
El Gobierno Nacional anunció el mes pasado, junto con un incremento en las tarifas para el gas de red, que a partir del 1º de este mes todas las garrafas de gas licuado deberían conseguirse en distribuidoras y comercios a un precio de único de $16.
La CEC, tras las denuncias de los consumidores indignados, presentó el martes (14/10) una nota a la Secretaria de Energía, que dirige Daniel Cameron, y a la Secretaria de Comercio Interior, cuyo titular es el polémico Guillermo Moreno, para que investigue los distintos segmentos de la cadena de valor y también a la Federación Argentina de Municipios para que cumpla su compromiso de monitorear el precio rebajado.
Sin embargo, ese mismo día, desde el Ministerio de Planificación, que encabeza Julio De Vido, eñalaron que "inspectores de la Secretaría de Energía no encontraron anomalías en los puntos de venta". Evidentemente no inspeccionaron bien.
La Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios (ADECUA) sentenció que los comercios que no cumplan con el precio obligado "deben ser denunciados".
Analisis Litoral - Concordia

