El fiscal federal del Juzgado de San Nicolás, Juan Patricio Murray, confirmó que el arzobispo de Paraná, Mario Maulión, recibió hace seis meses un cuestionario con preguntas relacionadas con la muerte del obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León, pero “como no respondió, hubo que enviarlas de nuevo, porque nos dijeron que no las habían recibido”. El prelado fue interrogado “para que en su carácter de ex obispo preste declaración testimonial por escrito para que dé algunas explicaciones respecto de cuál fue el destino del cuerpo, donde estuvo y cuantos días desapareció”, ya que no quedaron constancias de los movimientos del cadáver de la Catedral de San Nicolás.
En diálogo con el programa A quien corresponda (Radio Del Plata Paraná), el fiscal Murray explicó que se requirió al arzobispo de paraná que dé explicaciones de por qué “se ordenó la exhumación del cuerpo de Ponce de León, que se encuentra en la Catedral. Durante la investigación se tomó conocimiento de que había sido sustraído en forma irregular en agosto de 1997, mientras Maulión era obispo de la Diócesis de San Nicolás”, y aseguró que “en mayo, el juez (Carlos Villafuerte Ruzo) le cursó un oficio a Maulión para qué prestara declaración testimonial por escrito y aclare el por qué de esa exhumación, el destino del cuerpo, dónde estuvo y cuántos días permaneció desaparecido”.
Según Murray, el movimiento se pretendió justificar porque el mal olor que emanaba el ataúd, por lo que se dispuso realizar reparaciones ya que “estaba destruido y la tapa picada”. Sin embargo, “algunas personas que declararon en la causa negaron esto. Pero ese fue el justificativo oficial”, y advirtió que “esa exhumación no se encuentra documentada ni en la Municipalidad, ni en el Obispado ni en la funeraria que supuestamente hizo la extracción del cuerpo, que estuvo fuera de la Catedral entre una semana y diez días, primero en el cementerio local y luego en la casa mortuoria”.
En el oficio que se envió por carta documento certificada, a Maulión se le envió un cuestionario con una decena de preguntas, a las “todavía no ha dado respuestas”, por lo que la Fiscalía requirió al Juzgado Federal “un informe al Correo Argentino para ver si esa carta había sido entregada correctamente al Arzobispado de Paraná y si la respuesta era afirmativa, que se le impusieran cinco días al prelado para que diera contestación al interrogatorio. El magistrado no hizo lugar a eso, sino que el secretario se comunico con el secretario del Arzobispado y le preguntó si el oficio había sido recibido o no. La respuesta fue negativa y hace diez días se envió un nuevo oficio al arzobispo de Paraná. Hasta la fecha no ha sido contestado, pero tampoco se impuso un plazo para que lo haga”, explicó.
Carlos Horacio Ponce de León falleció el 11 de julio de 1977 en un simulacro de accidente de ruta, cuando viajaba hacia Buenos Aires en un automóvil Renault 4, propiedad del Obispado de San Nicolás, acompañado por otra persona. Algunos testimonios indican que llegaba documentación acerca de personas desaparecidas. Cerca de Villa Ramallo se le cruzó una camioneta y se produjo el accidente.
El fiscal Murray contó que Víctor Oscar Martínez, el hombre que acompañaba a Ponce de León, prestó declaración en la causa y aseguró que no se trató de un accidente sino de un atentado; refirió también que había personal militar en la zona; que el obispo fue golpeado y que él también fue torturado en algunos centros clandestinos de detención hasta que fue liberado”.
Según Murray, “en la causa que se tramitó en 1977, no quedaron registradas las amenazas que venía recibiendo Ponce de León en forma constante y previa desde 1975, como tampoco del enfrentamiento que tenía con los militares del área por las persecuciones a militantes políticos, sociales y religiosos. Tampoco se dejó constancia de la documentación de inteligencia que luego fue hallada, tanto en Cancillería como en la Policía y en la que quedaron registrados los seguimientos que sufría el obispo, como también religiosos y laicos de su Diócesis”, apuntó.

